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recondo ricardoEl presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, criticó la embestida contra Fayt y sostuvo que se está “atacando a una persona por su edad”; asimismo profundizó la idea al advertir “una maniobra del Gobierno para debilitar a la Corte”.


-¿Cuál es su análisis sobre la situación que está atravesando el ministro Carlos Fayt?
-La actitud del Gobierno, en cuanto a las excusas que esgrimen contra Fayt, es fascista. Netamente se está atacando a una persona por su edad. El resto de las cosas que manifiestan son absolutamente hipotéticas. El hecho de que los jueces hagan un acuerdo y algunos firmen en su domicilio, es absolutamente común; de hecho la presidenta firma decretos en Olivos, y encima es otra jurisdicción. Me parece que simplemente es una maniobra del Gobierno para atacar a la Corte, porque obviamente van a llegar expedientes que les preocupan… y esto es lo que ha sucedido siempre: cuando el Gobierno ve que la Justicia va a avanzar sobre algo que perjudica sus intereses o pone en peligro a algunos funcionarios por los ilícitos que se van descubriendo, atacan al Poder Judicial. Considero que lo que se está haciendo es una maniobra burda, nuevamente se invade la independencia del Poder Judicial. No es más ni menos que una maniobra política para conseguir impunidad.

-¿Cómo ve la decisión de hacerle al magistrado un examen psicofísico?
-Es absolutamente invasivo. La Constitución en ningún lado indica esto. En este caso o se hace el juicio político o no se debería hacer nada. No veo forma de que puedan avanzar con un juicio político a Fayt, no hay motivos. ¿Le van a hacer juicio político a una persona porque es vieja? Esto es un verdadero horror. Estamos en contra de toda discriminación y acá hay una discriminación por edad para debilitar a la Corte y conseguir una vacante más.

-Necesitan los lugares en la Corte…
-Definitivamente, porque quieren tener una Corte adicta. Así como tienen jueces militantes, fiscales militantes, quieren tener ministros militantes.

-Sobre el avance en la implementación del Código Procesal Penal ¿Cómo los toma esta iniciativa que pretende arrancar a la brevedad con la puesta en marcha del Código?
-Nos preocupa muchísimo. Esto comienza con el intento de la democratización de la Justicia, que la Corte anuló y a pesar de todo esto se siguió avanzando, a mi criterio, con la intención de crear una Justicia paralela. La primera operadora es la Procuradora General, porque los proyectos le dan mucho poder al Procurador. Todo esto va disfrazado de una reforma penal que la mayoría de la gente quiere, pero que se hace con tanta premura y tantos defectos que me lleva a preguntarme cuál es la verdadera intencionalidad que los lleva a hacer esto a las apuradas. Más allá del debate, también me replanteo si en verdad tendrán intención o no de modificar una coma de este proyecto. Es necesario destacar que una reforma de este tipo en Chile demoró cinco años en ser implementada y en Japón, diez años… acá la quieren hacer en cinco meses.

-¿Por qué considera que existe esta premura?
-Porque quieren nombrar a los empleados. Anulan a los secretarios, que están muy preocupados con este tema. Van a aponer fiscales de su propio proyecto, ni siquiera con nombramientos que se ajusten a la Constitución. Nadie sabe bien cómo van a ser nombrados, aparentemente por la Procuradora General, sin ningún requisito, sin concursos.

-¿Cuál es su visión sobre la propuesta de un incremento de categoría y salarial para quienes pasen a este nuevo modelo?
-Es la zanahoria que les ponen adelante. Quienes se ofrezcan como voluntarios van a percibir un 25 por ciento de aumento. Según pude percibir, la mayoría de los jueces no va a aceptar esto. Es lamentable que tengan que recurrir a esto.

-¿Por qué se propone empezar con la aplicación en la Ciudad? ¿Hay, como se rumorea, un acuerdo con los jueces federales?
-A mí no me consta, pero uno ya tiene años en esto y puede leer entre líneas. Cabe preguntarse por qué no se aplica a la justicia federal, cuando es una de las principales sobre la que está orientada la reforma. El único objetivo acá es nombrar gente, no hay otro. Está tan mal hecho lo que están llevando adelante, que temen que un tribunal se los pueda tirar abajo.

-Si sale este proyecto, hay rumores que indican que se podría recurrir a la Justicia, desde diferentes ámbitos, para frenar esta iniciativa…
-Aún no sabemos concretamente cómo avanzarán las cosas. En la medida en que sea contrario a la Constitución nacional, todo puede llegar a instancias judiciales.

Sabrina Santopinto
Entrevista publicada en Infobae.com

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