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Marcelo ColomboEl fiscal General de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, mantuvo una entrevista con en donde marcó una profunda preocupación por la aparición de funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas policiales involucrados en el negocio de la trata de personas. “Si no existiera esta participación de ciertos funcionarios sería más difícil que existan los lugares de explotación”, sostuvo el fiscal al tiempo que explicó que desde la Procuraduría se llevan adelante tres causas que involucran a intendentes de diferentes provincias.


Consultado sobre los índices de este delito, Colombo dio a conocer las últimas cifras oficiales: “Hay hasta junio de 2015 aproximadamente 260 personas condenadas por el delito de trata de personas en todo el país; de ese porcentaje hay un 82 por ciento que corresponde al caso de explotación sexual y el resto a la explotación laboral”.

Respecto de las ganancias que arrojan las redes prostibularias, Colombo utilizó un ejemplo para dar cuenta de la magnitud de este negocio: “En una investigación llevada a cabo en un prostíbulo de Flores se detectó que en cinco años de funcionamiento se obtuvo una ganancia neta de 10 millones de pesos”.

¿Cuál es el escenario que atraviesa el país en torno de la problemática de la trata de personas?
Según las estadísticas que manejamos vemos que se está manteniendo muy constante la cantidad de procesamientos dictados en el delito de trata y el número de condenas, sentencias y juicios orales que se vienen realizando en los últimos dos años. Hay un dato importantes: ha habido condenas a organizaciones delictivas más poderosas, el mejor ejemplo de eso es la condena que se obtuvo en Mendoza sobre “Pyme Vip” que era un prostíbulo al que concurrían personas de cierto nivel adquisitivo; lo interesante de ese fallo condenatorio es que no sólo lograron condenar a los captadores y explotadores directos, sino que se logró avanzar sobre los dueños del lugar y sobre funcionarios públicos –tanto policías como inspectores- que encubrían esta actividad. Esto generó también un caso de lavado de dinero, que estamos trabajando junto a la Procelac. En síntesis, estamos avanzando en la línea de casos donde hay grandes organizaciones, con funcionarios públicos fuerzas policiales involucradas. En agosto larga una buena batería de juicios orales

¿Es un común denominador que haya policías y funcionarios involucrados en estos casos?
Absolutamente. Hay un caso que está en tribunal oral criminal de la Ciudad, que se inició contra lo que fue la cúpula de la policía de la Comisaría 38, por la protección de tres prostíbulos en la zona de Flores. En lo referente a responsabilidad de municipios, hay un caso en Casación donde estamos discutiendo la responsabilidad de dos intendentes de La Pampa por la protección de prostíbulos, de hecho hay un intendente que ha sido condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y hay otro caso que estamos llevando adelante contra un intendente de Salta que fue directamente encontrado dentro de un prostíbulo, en el momento en el que él mismo había traído una mujer desde Jujuy. Nosotros advertimos que él forma parte de esa red de trata.

¿Qué cambio en los últimos años para que creciera el número de procesamientos y de condenas?
Previo a la Ley de Trata, atacar penalmente al sistema prostibulario era una modalidad que no existía. Luego se empezó a poner el ojo del Estado sobre el sistema prostibulario y a investigar cómo se generaban las ganancias en esta red. Si no existiera esta participación de ciertos funcionarios sería más difícil que existan los lugares de explotación.

¿Qué cantidad de condenas lograron?
Para junio de 2015 tenemos aproximadamente 260 personas condenadas por el delito de trata de personas en todo el país. De ese porcentaje hay un 82 por ciento que corresponde al caso de explotación sexual y el resto a la explotación laboral, donde hay talleres textiles, explotación agropecuaria y algún caso de servicio doméstico. Ninguna provincia está exenta de la problemática de explotación.

¿Cuáles son los casos más resonantes sobre los que aún faltan respuestas?
Los casos de desaparición de personas, cuando ya llevan algún tiempo desaparecidas, son los más difíciles de resolver porque lo que se debería haber hecho en tiempo oportuno no se hizo, por lo tanto se trata de retomar determinadas líneas de investigación. Una cosa rara que nos pasó en su momento, fue por ejemplo que se acerque una persona imputada en otro expediente quien dijo que era explotador en prostíbulos de La Rioja y escuchó que alguien decía que a Marita Verón la habían encerrado en una de las columnas de los tres prostíbulos que administraban en La Rioja. Entonces fuimos a hacer excavaciones… siempre estamos atentos y vamos siguiendo todas las pistas que surgen. Los otros casos difíciles son los que tienen atrás a importantes empresarios, a grandes marcas y a sujetos poderosos como imputados.

¿Se trata de casos que avanzan con más dificultad en la Justicia?
Estuvimos peleando sin gran éxito, tratando de responsabilizar a algunas marcas de ropa en la imputación penal por varios ciudadanos bolivianos que estaban siendo explotados en talleres textiles. Estamos trabajando en trazar los criterios jurídicos de imputación penal de los titulares de las marcas y los campos que no están explotando a las personas de mano directa en el lugar del hecho, pero que si gobiernan y deciden sobre toda la producción. Los casos que involucran a las personas de poder, la Justicia se lentifica y cuando tiene que fallar empieza a atender muchos argumentos que para otros casos no tiene en cuenta.

¿Cuál fue el reclamo que les llegó por parte de las agrupaciones de meretrices?
Hay algunas agrupaciones con posturas encontradas. Una tiende a proponer una regularización del estatus de trabajadora sexual y junto a eso que existan leyes que regulen esa actividad. La discusión es que las mujeres que defienden el trabajo sexual, están en desacuerdo con muchas de las políticas de trata porque, según su punto de vista, terminan perjudicando a las mujeres en situación de prostitución y, dicen, que esto termina ahuyentando a sus clientes. Vamos a avanzar en una reunión con ellas para analizar el tema.

¿Cuál es el monto aproximado que mueve este negocio?
Hemos hecho varias investigaciones patrimoniales sobre prostíbulos y, por ejemplo, una que llevamos a cabo sobre uno bastante conocido en la zona de Flores, los resultados nos dieron que durante cinco años de funcionamiento generó ganancias netas en el orden de los 10 millones de pesos. Ahora estamos trabajando en una estimación parecida sobre un prostíbulo ubicado en Pueyrredón y Córdoba, que ahora está cerrado, pero donde detectamos que los bienes que se compró esta empresa familiar-que tiene una ingeniería de sociedades montada bastante sofisticada para esconder el dinero- daba un resultado de ganancias en siete años de 15 millones de pesos.

Sabrina Santopinto
Entrevista publicada en Infobae.com

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