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La historia del llamado “Clan Ale” encierra todos los condimentos de amplia una red delictiva que no sólo se dedicada a la comercialización de estupefacientes y a la trata de personas para la explotación sexual, sino que además encerraba una gran estructura para el lavado de activos. Asimismo ejercían la comercialización ilegal de vehículos y mantenían negocios ilícitos relacionados al juego.

Días atrás la Justicia federal confirmó los procesamientos de los hermanos Rubén “la Chancha” - vinculado por Susana Trimarco en la desaparición de su hija, Marita Verón- y Angel “el Mono” Ale en la causa donde se los acusa por asociación ilícita, ratificó la prisión preventiva y los embargos sobre otros seis miembros de la banda. Esta resolución permite un significativo avance en la investigación que se encuentra próxima a la instancia de juicio oral.

Lo cierto es que las nuevas pruebas introducidas permitirían sostener que Adolfo Ángel Ale co-ejerce junto a su hermano Rubén Eduardo Ale el mando de la asociación y la integración de un grupo criminal.

Según lo señala la Cámara, la organización además del lavado de activos provenientes de la trata de personas para la explotación sexual, se dedicaría a la presunta producción y comercialización de estupefacientes.

Según consta en la causa a la que tuvo acceso Infobae, dentro de los elementos de prueba que valora la Justicia, se indica el secuestro de gran cantidad de armas y municiones; por otro lado, un testigo de identidad reservada sostuvo que el Mono Ale encargaba extorsiones mediante terceros “por temas vinculados a la droga, deudas de plata, autos, y también por los pókeres”.

 El testigo sostiene en su declaración que “según sabe, el Mono Ale muchas veces iba a la cancha del Club San Martín con un bolso lleno de armas, y que allí se lo pasaba a “Ututo” para que lo dejare en la remisería hasta que finalice el partido…”.

El relato del testigo es contundente cuando indica haber escuchado que “por la falta de pago, Ángel Ale mandó a “rematar” a la gente que le debía”.

En su declaración da cuenta de cómo se organizaba la venta de drogas y explica que laCiudad se dividía en zonas, cada una con un encargado al frente, a fin de desplegar la red delictiva.

Asimismo relató como en distintas ocasiones pudo ver como “llegaban chicas a la remisería y luego las llevaban -los mismos autos del lugar- hasta un lugar que quedaba a media cuadra donde se practicaban abortos caseros”.

El Clan también tenía vinculaciones al poder: contaba con la participación dentro de la banda de un efectivo de la Brigada de la Policía de Tucumán quien era el encargado de alertar sobre los allanamientos a efectuarse.

Así, “las nuevas pruebas introducidas permitirían sostener que Adolfo Ángel Ale co-ejerce junto a su hermano Rubén Eduardo Ale el mando de la asociación, e inferir la posible integración al grupo criminal y su activa y contemporánea intervención en las conductas delictivas”, se deja manifiesto en la causa.

 Las pruebas que obran en el expediente permitieron al magistrado “presumir fundadamente que se estaría ante un numeroso grupo de sujetos con una organización estable y planes criminales diversificados, cuyo origen data al menos del año 2002 y que continuarían ejecutándose en la actualidad bajo el mando de los hermanos Rubén Eduardo y Adolfo Angel Ale”. Los camaristas indicaron también que entre los objetivos de la asociación ilícita se incluiría “la presunta producción y comercialización de estupefacientes, el cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros”, además de “tenencia ilegítima de armas”.

Cabe destacar que en el marco de esta causa existe grandes cantidades de caudales embargados: alrededor de 500 autos, decenas de inmuebles, cuentas bancarias, un arsenal de 60 armas, más de 2 millones de pesos, son activos que finalmente se van a decomisar con la sentencia condenatoria.

En conversación con Infobae, el fiscal General de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, sostuvo que “se trata de un paso muy importante porque se coloca a ese juicio emblemático a las puertas del juicio oral. Al confirmarse la segunda tanda de procesamientos, el paso procesal que sigue es que la fiscalía formule el requerimiento de elevación de la causa a juicio en lo cual ya nos encontramos trabajando con la esperanza de poder resolver esto antes de fin de año”.

Sabrina Santopinto

Artículo publicado en Infobae.com

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