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LEGISLATURA 1560x690 cEl traspaso de competencias penales de la Nación a la Ciudad vuelve a ponerse en primera plana, luego de que días atrás un fallo propusiera que los jueces porteños puedan intervenir en casos de corrupción y delitos contra la administración pública, área que actualmente pertenece al fuero nacional de instrucción, cuando se trata de funcionarios del gobierno de la ciudad autónoma.

Este nuevo debate se abre no sólo en medio del período electoral que se avecina, sino que también mientras la Justicia atraviesa una gran reforma estructural, como lo es la implementación del nuevo Código Procesal Penal que planea su inicio para el 1 de marzo de 2016 justamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, declaró la competencia de los tribunales de la CABA para intervenir en el juzgamiento de causas en las que se investiga el delito de grooming, tipificado en el artículo 131 del Código Penal, fallo que entre sus argumentos deja abierta la puerta para que los magistrados de la Ciudad puedan intervenir en los casos contra la administración pública, más allá de que la CABA aún no cuente con la totalidad de las competencias judiciales que hace tiempo reclama.

Actualmente la justicia porteña tiene delitos como lesiones leves, tenencia y portación de armas de fuego de uso civil, lesiones en riña, abandono de personas, usurpación, daños, ejercicio ilegal de la medicina, actos discriminatorios. Mientras tanto, en la Legislatura espera su tratamiento una ley nacional que busca la transferencia de 27 delitos entre los que se encuentran los que involucran a funcionarios públicos, aquellos contra la libertad individual, estafa procesal, atentado o resistencia a la autoridad, abuso de autoridad.

Lo cierto es que, en este plano,  la transferencia de las competencias judiciales de la Nación a la Ciudad, volvió al centro de las conversaciones de las distintas mesas de trabajo de legisladores y actores judiciales, donde se plantean los diferentes escenarios que podrían atravesar la suerte del traspaso de acuerdo a quién sea el próximo presidente; esto se relaciona directamente a un pedido histórico de la Ciudad que en los dos primeros convenios donde fueron transferidas competencias judiciales, reclamó que las mismas fueran otorgadas con su presupuesto, cuestión que nunca se materializó. Hay quienes dicen que de consagrarse en la elección presidencial el PRO, existirían más chances de que se habilite el presupuesto para la justicia porteña en un escenario de ampliación de su competencia.

Según lo define el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo “está en desarrollo el tercer convenio, pero falta la aprobación de la Legislatura que tiene que evaluar el tema, dado que la Constitución Nacional marca que el traspaso debe venir con los recursos y en los anteriores convenios esto no ha sucedido. Se trata de montos muy importantes. Hay un incumplimiento en el traspaso de los fondos y ya hay demandas de la Ciudad por este tema”.

Cuando se avanzaba sobre los primeros traspasos de competencias judiciales, un estudio realizado determinó la necesidad de un estimado de $1 millón por juzgado –contemplando sueldos, estructura, mantenimiento, entre otros-, lo que debe multiplicarse por los 31 juzgados existentes en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas que tiene hoy la justicia porteña. En aquel entonces,  desde el gobierno nacional, advertían que como se trataba de ciertas competencias que complementan a otras ya existentes en la Ciudad, con los recursos dispuestos alcanzaría.

Así fue que la Ciudad recibió en las dos primeras tandas, el delito de tenencia y portación de armas de fuego de uso civil, y  12 delitos correccionales, pero sin ningún presupuesto asignado hasta el día de hoy.

El fallo de la Sala I en verdad se sirve de un caso de grooming ya que este es uno de los nuevos delitos que se consideran directamente competencia de la Justicia de la Ciudad, para exponer su postura acerca de la virtualidad del tercer convenio aún sin aprobación expresa de la Legislatura. Otra cuestión de interés es que este fallo de la Sala I llega en un momento complejo, al tratarse de épocas en que cada movimiento que se genere en los diferentes poderes puede tener implicancia directa en el plano electoral.

Para los jueces de la Sala existen dos decisiones adoptadas por el Congreso de la Nación que refuerzan el criterio asumido oportunamente por el Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que todo nuevo delito que no es federal será de la jurisdicción local si se comete en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado la Ley Nacional 26.735 que en 2011 tipificó como nuevo delito la evasión de tributos locales y le asignó competencia a las jurisdicciones provinciales y de la ciudad, sin necesidad de aceptación expresa de las legislaturas locales. Por otro lado refirieron a la Ley Nacional 26.702,  que determina que el Congreso Nacional transfiere a la Ciudad la competencia para investigar y juzgar una importante cantidad de delitos de carácter no federal (se trata del tercer convenio de traspaso).

La postura de la Sala I se apoya además en la ley 24.588 (Ley Cafiero) donde se indica que “la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”, y como fruto de toda esta interpretación propone que la adjudicación de competencia de la Ciudad para los delitos nuevos no requiere ya de una aceptación expresa de la Legislatura.

 “No existe -en el marco del sistema federal de gobierno y del proceso de autonomía en particular, sumado al mandato expreso del art. 6 de la Constitución local- margen ni posibilidad alguna de rechazar la transferencia dispuesta”, advierten los jueces en el fallo.

Se abre entonces un nuevo paradigma para la justicia de la Ciudad, dado que se instalaría la posibilidad de que los jueces porteños intervengan en casos de corrupción, ya que el tercer convenio transfiere los delitos contra la administración pública. Asimismo, la Ciudad –que ya cuenta con un código de procedimientos penales- se vería frenteba la cuestión de si debe o no adaptarse al nuevo Código que se intenta implementar a partir del 1 de marzo.

"Si avanzamos en el traspaso de toda la justicia penal ordinaria a la ciudad, también resolvemos el problema de la implementación de reforma procesal penal, ya que la ciudad cuenta con un moderno código con sistema acusatorio que funciona desde el año 2007", analiza el especialista en reforma judicial, Martín Casares.

Salta a la luz una nueva puja en el ámbito de la Justicia porteña en donde un sector insiste con la necesidad del traspaso, mientras que hay quienes advierten que el nuevo gobierno electo deberá ser cuidadoso con lo que esta ampliación de competencias implica y cómo podría impactar en el presupuesto y los recursos de la Ciudad.

Sabrina Santopinto

Artículo publicado en Infobae.com

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