Untitled Document
   

Nicora“Las ventajas de Ia oralidad sólo las perciben los pueblos que la han vivido, como sólo aprecia la salud el que ha estado alguna vez enfermo. No podemos detenernos a demostrar la superioridad del juicio oral sobre el escrito: hay entre ambos la misma diferencia que entre un automóvil y una carreta….” Opina Guillermo Nicora, INECIP


“…La carreta naturalmente, es el procedimiento escrito. En el procedimiento escrito, el juez no percibe jamás la verdad de las cosas y a las veces procede como en el juego infantil de la gallina ciega. El procedimiento escrito se basa en un mal método; y el método es fundamental en las ciencias sociales, pues contribuye a darles carácter y fisonomía propio. Con malos métodos es imposible implantar una buena justicia; el desconocimiento de esta verdad ha traído como consecuencia; en la República Argentina, que los Códigos se suceden a los Códigos, sin llegar jamás a la buscada solución. La justicia sigue siendo mala, tardía y cara. El juicio oral, aceptado por todos los pueblos cultos, tiene la consagración de la ciencia y la aquilatación de la experiencia”.
Estas palabras fueron escritas hace casi un siglo por Tomás Jofré, un destacado jurista y político argentino, increíblemente adelantado a su época. Más acá en el tiempo, promediando los ‘80, la naciente democracia procuró hacerse cargo del problema penal arrastrado por siglos de inquisición colonial y profundizado por la sangrienta dictadura.
Concretó una masiva derogación de las normas penales instaladas por Videla (desde la pena de muerte hasta la justificación de la prisión preventiva por la “repercusión social del hecho”), pero no pudo (y no es que no lo haya intentado) terminar con la cultura del expediente, el trámite y la prisión por las dudas. El llamado “Proyecto Maier” en honor de su autor principal, nació de las entrañas del Consejo para la Consolidación de la Democracia que presidía Carlos Nino, pero no logró pasar el lobby conservador en el parlamento.
En su Exposición de Motivos ya se señalaba que la emancipación de España no logró eliminar el procedimiento inquisitivo, y que los claros mandatos democratizadores de la justicia incluidos en la Constitución Nacional no fueron observados por las clases dirigentes que dictaron las leyes de organización judicial y procesal (al punto de sancionar en 1888 un código procesal penal copiado del que la propia España ya había derogado en 1882).
Hace treinta años, se decía allí algo que hoy sigue siendo cierto: “Le correspondió a las provincias ... superar paulatinamente este atraso cultural y político y representar, mucho más fielmente que el Estado federal, el verdadero espíritu republicano que anima nuestra Constitución nacional (...) incluso, existieron intentos definidos de modificar la administración de justicia penal de la Nación, todos frustrados (...) El fracaso de todos estos proyectos fue el resultado del espíritu reaccionario que siempre ha imperado en la capital de la República”.
Como si el tiempo de la reforma del sistema penal se hubiera congelado durante treinta años, también se decía allí, como hoy “Resulta absolutamente imprescindible, si se cree verdaderamente en la forma republicana y en un Estado de derecho --y no se bastardean estas palabras con su uso hipócrita e inoperante--, retomar la línea de progreso que las provincias argentinas iniciaron desde el año 1939”.
El Proyecto Maier, si bien hoy puede verse como un modelo ampliamente superado, por décadas fue el estándar que impulsó el movimiento latinoamericano de reforma procesal penal, que es la política pública más sostenida y extendida en tiempo y espacio en toda Latinoamérica. Es una de las fuentes del proyecto del Ejecutivo, que también fue escrito sobre los proyectos INECIP que en 2004 y 2010 ingresaron al parlamento de la mano de legisladores representativos de un amplio espectro: María del Carmen Falbo (PJ), Margarita Stolbizer (Alianza) y Marcela Rodríguez (ARI) el primero, Oscar Albrieu (FpV-PJ), Juan Carlos Vega (CC), Margarita Stolbizer (GEN), Raúl Barrandeguy (FpV-PJ), Alejandro Rossi (FpV-PJ) y Oscar Aguad (UCR) el segundo, que hasta este año seguía en estudio de comisión.
Las habituales sobreactuaciones de los prolegómenos comiciales harán que varios voceros de las fuerzas que supieron integrar ese consenso de amplio espectro y larga data, intenten poner palos en la rueda de una reforma imprescindible y urgente. Esperemos que los que lucran con el mantenimiento de una justicia retrógrada no logren aprovechar esas inmadureces políticas.

Rebobinando hacia adelante
No debe creerse que la sobreactuación es un patrimonio de los opositores. Emulando el discurso protofascista que los candidatos preferidos de la derecha se van prestando unos a otros campaña a campaña, el mismo gobierno ha caído en la trampa. La escalada de xenofobia, demagogia punitiva y estigmatización llegó a contrabandear en un código que busca poner el proceso penal en cauce constitucional al menos dos normas abiertamente inconstitucionales.
La búsqueda de mantener presas a personas por supuesta aclamación popular (o linchamiento mediático, según se mire) ha sido incluida en el artículo 185 del proyecto expresada como “conmoción social”, y no proviene de ninguna de las fuentes: ni el Proyecto Maier (arts. 202 a 204), ni el proyecto del 2004 (art. 195) ni el del 2010 (arts. 190 a 192) tienen ningún concepto ni remotamente cercano.
En lo que hace al proceso judicial, los dos principales tratados multilaterales de derechos humanos incorporados a la Constitución desde 1994 son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ambos exigen que la prisión preventiva se funde en peligros procesales concretos (fuga u obstrucción de la justicia). Y así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto que el Informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reconoce que “...en circunstancias muy excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto período, por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar.” Además de que lo “muy excepcional” desaparece en el proyecto, también se omite regular, como lo exige ese mismo informe de la Comisión, que “el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal“.
Dejar librado a la apreciación de los jueces la existencia de una cosa tan indefinible como “conmoción social”, parece -a la luz de la experiencia y a las recurrentes amenazas de destitución de jueces que no resuelven como a los medios le gustaría que lo hagan- una inesperada claudicación del Gobierno en favor de los medios concentrados especialistas en manipular la opinión pública.
El otro problema que el propio Proyecto introduce en el debate, es la posibilidad (art. 35, 4° párrafo) de aplicar suspensión del proceso a prueba al extranjero en situación irregular que haya sido sorprendido en flagrancia de un delito, o imputado por un delito con pena privativa de libertad cuyo mínimo no supere los tres años de prisión.

Varios son los problemas aquí:
1. La “situación irregular” dependerá de las políticas, las decisiones y la eficacia de la autoridad migratoria. Demasiado poder para dejar en manos de gobernantes que usan los discursos xenófobos como parte de su campaña;
2. La redacción del supuesto de flagrancia no pone límites en relación al delito, por lo que, por ejemplo, un terrorista que ingresó clandestinamente al país y mató cientos de personas con una bomba y fue descubierto en flagrancia, o alguien que es sorprendido aterrizando en una pista clandestina ingresando una tonelada de droga, cientos de armas o decenas de personas en situación de trata, podrían acceder a una suspensión del proceso a prueba que el juez estaría obligado a otorgar a pedido del acusado siempre que el fiscal “no se opusiera por razones fundadas de política criminal”
3. Los extranjeros en situación irregular podrían acceder a este beneficio todas las veces que sean sorprendidos, sin importar cantidad de condenas previas, por ejemplo. Va de suyo que la “situación irregular” incluye reingresar al país despues de la expulsión con prohibición de reingreso que la propia norma establece.
4. Los delitos incluidos en los casos generales de suspensión a prueba deben tener prevista una pena máxima no superior a los tres años. En cambio, cuando se trata de aplicar el instituto a los extranjeros en situación irregular, sólo basta con que el mínimo no supere los tres años, lo que abre enormemente el espectro, incluyendo, por ejemplo, una entradera en la que no se haya acreditado el uso de un arma apta para el disparo (pena de tres a diez años de prisión)
5. No se propone expulsar al extranjero que cometió un delito, sino al que simplemente ha sido imputado de un delito. Es decir, basta con que alguien lo señale como presunto autor de un delito, aunque no haya pruebas, y que alguna agencia pública (como por ejemplo, la policía, o los fiscales) quieran impulsar el caso. Toda una señal para nuestras agencias penales especializadas en criminalizar poblaciones vulnerables.
Hay más, pero en honor de la brevedad, creo que alcanza para repudiar esta norma.
No creo que estos problemas deban ponernos en posición de rechazo de un proyecto más que necesario. Menos aún la supuesta búsqueda de impunidad para la corrupción: la mejor forma de asegurarla es mantener el sistema actual, que está demostrado es profunda y definitivamente ineficaz para combatir todo tipo de delitos cometidos desde el poder (político, económico, religioso, mediático o de cualquier otro tipo).
Tampoco deben impedir el apoyo a la reforma cuestiones menos evidentes pero más graves, como la necesidad de rediseñar la organización judicial para abandonar el modelo disciplinado y piramidal en favor de un gobierno y una administración judiciales democráticos y horizontales, o el problema aún irresuelto del Ministerio Público, que por un lado debe profundizar la profesionalización de sus cuadros mediante un auténtico sistema de carrera, y por el otro, debe abandonar el modelo de cargos vitalicios de conducción, en favor de sistemas que permitan a la sociedad (no al gobierno) tener un cierto control sobre la política criminal.
Estas cuestiones deben discutirse (y pueden encontrar buenas soluciones) a la hora de las normas de implementación, que no tendrían por qué dictarse si no comenzamos por sancionar un código que fue escrito con Torquemada en mente, por amanuenses de Napoleón.

Sacar belleza de este caos es virtud
(Gustavo Cerati, “Déjà vu”)

Compartir nota en tu:

   
   
   
Untitled Document
   
   
   
   
   
   
   
   
   
RT @VocesJusticia: Los ministros @german_garavano y @herlombardi lanzaron en Tecnópolis el sitio @granitodearena junto a @vocesjusticia htt…
RT @VocesJusticia: @VocesJusticia y @TV_Publica lanzaron en Tecnópolis @granitodearena con historias de personas q contribuyen a lograr una…
RT @VocesJusticia: Luego de un arduo trabajo, @VocesJusticia recibió hoy el certificado de sistema de gestión de calidad #Portal_ISO9001 ht…
RT @VocesJusticia: Con un dolor inexplicable acompañamos a la Familia de Damián Pussetto, Jefe de redacción de @vocesjusticia, gran persona…
RT @german_garavano: Finalizó el taller #TuVozEnLaRadio con la participación de 18 internos en la Colonia Penal Unidad 19 de Ezeiza → https…
RT @VocesJusticia: Finalizó el taller #TuVozEnLaRadio con la participación de 18 internos en la Colonia Penal Unidad 19 de Ezeiza → https:/…
RT @VocesJusticia: Hoy internos de la Unidad 19 de Ezeiza entrevistaron a la coordinadora del taller Sabrina Santopinto en el marco del #Pr
   
   
SIC

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
© PuntoJus