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NicoraPor fin sucedió. Tras años de participar y presenciar simulacros de juicios por jurados en todo el país, esta semana asistí al primer juicio por jurados de nuestra provincia, en los tribunales de San Martín. Nos dimos cita allí varios de los muchos que venimos bregando desde el siglo pasado por una justicia democrática para la Argentina y para Latinoamérica. Es que el acontecimiento no era menor: tras un lustro del pionero escabinado cordobés, tras el intenso año de la muy buena experiencia neuquina (el primer jurado clásico de la Argentina), a un año y medio de promulgada la ley, se puso en marcha el sistema de enjuiciamiento que la Constitución dispuso para la República, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, el Estado más encarcelador de la Argentina, y uno de los de más alta tasa de prisionización del mundo.

(Porque no debemos olvidar que el mito de que “nadie va preso” es casi ofensivo: la cantidad de personas presas –muchas sin siquiera haber sido condenadas, o sea, muchos inocentes- en las cárceles bonaerenses es ridículamente alta, si se la compara con cualquier país del mundo con similares tasas delictivas).

¿Por qué el jurado es tan trascendente? Porque es la gran deuda pendiente de la historia argentina. En 1853, quienes hicieron de estos pueblos una Nación advirtieron que tras cuatro siglos de ser colonia, de tener todos los sistemas estatales organizados al servicio del monarca español, era necesario promover una profunda transformación. Decidieron que la organización política de la naciente Argentina tomara la forma representativa, republicana y federal, con un Presidente elegido por el pueblo cada seis años, con un parlamento bicameral (diputados representantes del pueblo elegidos directamente cada cuatro años, senadores representantes de los gobiernos de provincia elegidos por éstas cada seis) y un sistema de justicia con jueces permanentes (que no dependieran del voto), pero que no pudieran tomar las decisiones más graves sin participación del pueblo: “todos los juicios criminales…terminarán por jurados” era la decisión más fuerte de la Constitución en materia de reforma judicial, pero no la única: en la primera parte de la Constitución (art 24) ya se decía que era deber del Congreso federal la reforma de la legislación colonial “en todas sus ramas” y el establecimiento del juicio por jurados (no sólo para lo penal).

Al parir esta Nación, había que construir un sistema legal y judicial enteramente nuevo, para que no se mantuvieran las rémoras coloniales. Pero prontamente, la clase gobernante (masivamente poblada de abogados) advirtió que no convenía tomarse tan en serio la democratización de la justicia, así como supieron desvirtuar el gran freno a la concentración del poder que debió ser el sistema federal.
Y aquí estamos, en un país macrocéfalo, donde un intendente no puede mandar hacer una zanja más o menos larga si no logra granjearse los favores de quien ocupe la Presidencia de la República o al menos el ministerio pertinente. Y donde los ciudadanos fueron totalmente excluidos de la administración de justicia, no sólo por falta de implementación del jurado, sino también por los oscuros y secretos procedimientos de los juristas, y su incomprensible lenguaje. Y allí van. Marchando (cada uno por su lado), los que son víctimas de la falta de justicia, y los que, al revés, pasan años en cárceles inmundas hasta que son declarados inocentes. Todos, exigiendo una justicia que los profesionales supuestamente a cargo no sabemos dar.

Y en ese ominoso panorama, el jurado del 10 de Marzo nos dio un rayo de luz. Luego de tres días (que sumaron, según mis cálculos, unas cuarenta horas de trabajo del jurado, las abogadas, el juez y sus muy motivados equipos asistentes, todo sin contar la tarea previa sin la que no se hubiera llegado), doce bonaerenses que representan millones, escucharon todo lo que los profesionales tenían para decir, y decidieron (en una hora y cuarenta minutos de deliberación), que Guillermo Barros, encarcelado desde el 30 de enero de 2014 hasta el 12 de marzo de 2015 por las dudas fuese culpable de la muerte de otra persona, no lo era.
Cada uno de esos doce bonaerenses que representan millones, pudo esa noche volver a su casa y decirle a los suyos la breve y contundente frase que Ramona, la mayor de ellos, dijo a un cronista: “Yo hice justicia”.

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